A fines de abril una partida de uniformados acudió al establecimiento para prevenir un presunto corte de calle cuando en realidad iba a haber una clase pública. Esa misma jornada, un policía ingresó armado a la escuela de Urquiza y Moreno. Luego su rectora, Raquel Papalardo, fue obligada a jubilarse a riesgo de sufrir una baja de oficio. La Asesoría Tutelar de Cámara denuncia que hubo tareas de inteligencia contra los adolescentes de la institución educativa de Balvanera.

    En la mañana del jueves 20 de abril los estudiantes de la escuela Mariano Acosta (México y Urquiza) iban a hacer una clase abierta en el patio enrejado de la institución para defender la educación pública, tras la represión que sufrieron docentes a manos de efectivos de la Policía de la Ciudad cuando intentaban montar la Escuela Itinerante a pocas cuadras, en la Plaza de los Dos Congresos.
    Aquel jueves de abril una consigna de cuatro policías, algunos de la comisaría 8° (Agrelo y Urquiza), se presentó ante la rectora del colegio, Raquel Papalardo, y dijo que había sido enviada por “Operaciones” porque en la escuela se iba a hacer una marcha. Luego se supo que tenían un documento, orden 1462/2017, con datos sobre la supuesta movilización. La rectora les aclaró que iba a haber una clase pública y estaba legitimada por las autoridades educativas. Si los alumnos llegaban a salir a la calle, ellos tenían la obligación de cortarla, quisieron imponer los uniformados.
    “Les pedí a los estudiantes que nadie pisara la vereda (es decir que se mantuvieran en el patio enrejado que da a Urquiza) y los chicos entendieron, pero tener que pensar que estamos en riesgo porque está la policía amedrentando la verdad es muy duro para una comunidad educativa de más de 150 años, que tiene detenidos desaparecidos y hoy seguimos en pie”, dijo luego Papalardo.
    Se supo que en total, a la escuela se había enviado personal policial de cuatro comisarías distintas y una brigada de video.
La actividad de los estudiantes se desarrolló al promediar el mediodía. A las 13.15 los alumnos del turno tarde ingresaron a las aulas y los del turno mañana se retiraron. Una hora más tarde ingresó a la escuela un quinto policía, enviado por la comisaría 7° (Pueyrredón y Lavalle). “Lo hizo con su arma reglamentaria, y dijo que venía porque le avisaron que había una marcha. Volví a responder que no había ninguna marcha”, agregó la rectora.
    Por su parte, el maestro de cuarto grado del Acosta y secretario de Derechos Humanos de UTE, Matías Zalduendo, dijo a Página 12 que la comunidad educativa de Balvanera se movilizó ante este hecho de violencia institucional con la consigna que parafrasea la canción que León Gieco dedicó a Pocho Lepratti, asesinado en la represión de diciembre de 2001: “Bajen las armas, acá sólo hay pibes estudiando y aprendiendo”.
    Como respuesta, se hizo una denuncia en la PROCUVIN (Procuraduría contra la Violencia Institucional). Además, el asesor tutelar Gustavo Moreno de la Asesoría Tutelar N° 1 radicó, y luego amplió, una denuncia ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario que recayó en el Juzgado Criminal de Instrucción nº 21. Se trata de la causa Nº 24.050: “Personal Policial sobre averiguación de delito”. La Fiscalía interviniente es la nº 43 a cargo del Fiscal interino, Carlos Arturo Velarde.
    Moreno también elevó un pedido de informes a la Policía de la Ciudad. Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de esta Capital, que dirige Martín Ocampo, contestaron: “Se tomó conocimiento, a través de Sección y Análisis de subjefatura de PFA, que en el día de la fecha, a partir de las 12.00 horas, Integrantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Superior N°2 D.E.G, “Mariano Acosta”, se concentrarán frente a la mencionada escuela, sita en Gral. Urquiza 277, en defensa de la educación pública”.
    Las fuentes oficiales informaron que la Policía de la Ciudad envió un “servicio especial” (dispuesto por la orden 1462-17). “Los funcionarios policiales que dispusieron el servicio especial fueron el comisario mayor Alfredo Javier Zaracho (director de Operaciones y Servicios Preventivos), y el comisario Marcelo Esteban Noguerol (jefe de División Planificación de Servicios) quienes tomaron conocimiento “a través de Sección y Análisis de subjefatura de PFA” que posiblemente los integrantes del Centro de Estuantes iban a efectuar, en un horario predeterminado, un corte de calle frente al establecimiento educativo”.

    “A la Dirección de Comisarías se le ordenó que el personal policial que se afectaba, debía ser cinco efectivos uniformados de infantería para ser distribuidos convenientemente en el área del dispositivo en misión de seguridad general y atención a las eventualidades del tránsito vehicular, como también dos motociclistas/cuatriciclios a fin de atender eventuales necesidades del tránsito vehicular, previendo su reemplazo en caso de inclemencias climáticas. Asimismo se disponía que la comisaría 8° debía disponer que móviles en servicio recorrieran asiduamente el lugar”, agrega la explicación.
    “Al área División Exteriores de Video se le ordenó que dispusiera la afectación de 1 brigada de video a las órdenes del jefe de servicio. Al departamento emergencias sociales se le ordenó la implementación de un servicio específico de ordenamiento de tránsito vehicular en el lugar de las inmediaciones mediante la afectación del cuerpo de agentes de tránsito del gobierno del a ciudad de Buenos Aires”.
    “A su vez, de la orden telefónica N° 700-17, transmitida por el comisionado mayor Carlos Ángel Pereira (jefe de circunscripción IV°, antes a cargo de circunscripción II°.) surge que se dispuso además que las comisarías 7°, 9°, 18° y 20° debían destacar un efectivo uniformado cada una”, agrega la documentación, que forma parte de la denuncia hecha por Moreno.
    El informe del comisario de la comisaría 8° Marcelo Osvaldo Tejido afirma: “En razón de haberse llevado a cabo la asamblea dentro del establecimiento educativo, no se efectuó tarea alguna. El personal se mantuvo en la esquina de Urquiza y Alsina en actitud pasiva y expectante de lo que acontecía”.
    El asesor Moreno hace notar: “De lo expuesto se puede concluir que dos oficiales de alto rango de la Policía de la Ciudad (Zaracho y Noguerol) impartieron la orden de un “servicio especial” dado que tenía conocimiento previo de un eventual corte de calle frente a la Escuela Normal Mariano Acosta sin indicar en virtud de qué medio (nota, llamado telefónico, etc.) tomaron conocimiento, y quién efectivamente le proporcionó la información”. “Entiendo que se desprende que hubo tareas previas de investigación, en su caso sobre estudiantes menores de edad u otras personas allegadas al establecimiento escolar”, agrega. “En el artículo 85 inciso 3° de la ley 5.688 dispone que en ningún caso el personal de la Policía de la Ciudad puede obtener información producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por la adhesión o pertenencia a organizaciones comunitarias o culturales, entre otras”. Dice que la actividad estudiantil está reconocida en la ley 26.877. En consecuencia, Moreno dice: “Los funcionarios policiales ordenaron y desarrollaron conductas expresamente prohibidas por la ley, en un claro abuso de autoridad”.
    “El corte de calle no es competencia ni se encuentra dentro de las facultades y funciones de la Policía de la Ciudad (sí al Cuerpo de Agentes de Tránsito). Se suma a ello la contradicción y mendacidad que surge de lo informado por el comisario Tejido en el sentido que «no se requirió información a las autoridades del establecimiento en la razón de que tal información ya se poseía en la misma orden que estableció el servicio», para agregar más adelante que «no se tomó contacto ni antes ni durante ni después de producido el evento, ni con autoridades del colegio Mariano Acosta ni con alumnos».”
    Para Moreno “existió un operativo especial planificado por funcionarios policiales que desarrolló conductas directas y deliberadas para provocar temor público a estudiantes y docentes de la escuela en cuestión, respecto de una actividad lícita”.
    Agustín Prieto, presidente del Centro de Estudiantes del Acosta, dijo a Cosecha Roja: “Hay un documento de la Policía de la Ciudad cuyo título es 'Centro de Estudiantes Secundarios Mariano Acosta'. No es un documento atribuido a una actividad puntual que se iba a desarrollar: es una investigación que se hizo sobre el espacio gremial de un sector. No sabemos cuál es el límite para decir si es o no una tarea de inteligencia pero si lo es, entonces es ilegal”.
    La primera semana de mayo la comunidad educativa del Acosta quiso hacer una marcha para visibilizar la situación. “Cuando llegamos al Ministerio de Educación de la Nación (en el Palacio Pizzurno de Recoleta) nos estaba esperando la Policía de la Ciudad también con una brigada de video. Una mujer sin identificación estuvo filmándonos y los padres se pusieron como cordón y nos taparon con las banderas para que no nos filmara las caras”, contó Prieto.
    La situación recrudeció cuando Papalardo denunció que en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires le pidieron la jubilación inmediata. Tenía previsto iniciar los trámites formales recién en julio. La comunidad educativa de Balvanera interpretó esto como una consecuencia de las denuncias hechas contra el accionar policial.
    'Es una persecución porque yo pensaba presentar mis papeles en julio y debido a esto me dicen que me vaya ahora. Si querían denegarme la comisión lo hubieran hecho antes y no me hubieran dado el relevo de tareas. La obligatoriedad de presentar los papeles tiene que ver con lo acontecido el día Jueves', dijo al respecto la rectora al habla con Nueva Ciudad. 'Estoy entre la espada y la pared: o presentó los papeles o me dan la baja de oficio, es decir, quedar sin sueldo ni jubilación. Y yo vivo de esto”, concluyó Papalardo.

J.M.C.

--------------------------------------

Vandalizaron dos veces un mural de las Madres en plaza de San Cristóbal

La plazoleta de Cochabamba y Pichincha lleva el nombre de Ramona de Brontes, Madre de Plaza de Mayo, secuestrada en el año 1977. El emblemático mural fue inaugurado con la presencia de comuneros y militantes del FpV, vecinos del barrio y representantes de organismos de Derechos Humanos.
La pintada se había hecho en el marco de los 41 años del inicio del Golpe de Estado. El mural llevaba la leyenda “Fueron 30.000” en respuesta a sectores procesistas y funcionarios de gobierno, como el ex ministro de Cultura de la Ciudad, que relativizaban el número de víctimas del terrorismo de Estado. Sobre esta leyenda escribieron “Fueron 6.800” y pintaron miras telescópicas sobre los pañuelos blancos de las Madres de Plaza de Mayo, también presentes en el mural hecho por vecinos y militantes.
Se restauró el mural y se iba a hacer un acto de desagravio, pero nuevamente las manos anónimas rayaron el trabajo colectivo con un mensaje contra la memoria: le pintaron miras de tiro sobre los pañuelos blancos.

--------------------------------------

Vandalizaron el Comité Central del PC de San Cristóbal
Al lado de un mural de Fidel Castro que decora el frente pintarrajearon la amenaza “Tiemblen”.
A principios de mayo, luego de que los vecinos y movimientos políticos dieran cuenta del doble ataque a un mural sobre la memoria en la plazoleta Brontes (véase recuadro página anterior), manos anónimas dejaron una amenaza en el frente del Comité Central del PC de San Cristóbal (Entre Ríos 1039).

--------------------------------------

El ángel de la bicicleta
“Cambiamos ojos por cielo
sus palabras tan dulces, tan claras
cambiamos por truenos

(...)
“Cambiamos buenas por malas
y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata
Felicidad por llanto
ni la vida ni la muerte se rinden
con sus cunas y sus cruces”
(...)
“Sacamos cuerpo, pusimos alas
y ahora vemos una bicicleta alada que viaja
por las esquinas del barrio, por calles
por las paredes de baños y cárceles
¡Bajen las armas
que aquí solo hay pibes comiendo!”

Un par de estrofas del tema que escribió León Gieco (2005) basándose en la triste muerte del Claudio Hugo Lepratti (1966 - 2001), conocido como “Pocho” y “El Ángel de la Bicicleta”, quien era un militante social argentino que fue asesinado en medio de la represión llevada a cabo por la policía de la Provincia de Santa Fe, durante la crisis de diciembre de 2001 en Argentina.

--------------------------------------

Juicio a policías violentos
La segunda semana de mayo comenzó el juicio a agentes de la Policía Metropolitana (hoy Policía de la Ciudad de Buenos Aires) que tiró con balas de plomo a comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) durante el desalojo a la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín en el verano de 2013.

--------------------------------------

Comisarías Cercanas
El jueves 4 de mayo al atardecer se hizo la tercera edición del ciclo Comisarías Cercanas, que impulsa el Gobierno porteño donde los vecinos asisten y hacen planteos antes autoridades policiales de las 54 comisarías.
En la 8° fue consultado el comisario Marcelo Osvaldo Tejido, con cinco meses en esta dependencia, sobre los procedimientos en relación a la población trans. Confirmó que el último tiempo aumentaron los operativos. Informó que en marzo hubo 56 actas por oferta de sexo en la calle y en abril cerca de 60. “El año pasado apenas había dos por mes”, contó.
Además, según el comisario Tejido, “todos los días hay casos de personas travestidas demoradas por tenencia de droga. Esta semana (por la primera de mayo) arrestamos a una persona con 78 dosis de cocaína”. De todos modos negó que en la 8° se utilicen apremios ilegales, tal como enuncian las organizaciones trans.
El mes pasado este medio publicó una nota sobre un pedido de informes que tramita la Legislatura porteña para que el Poder Ejecutivo local brinde datos ante casos de acoso policial a la comunidad trans.